19 abr 2012

Madrid 18.04.2012

La vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha respaldado la reforma del Sistema Nacional de Salud consensuada hoy por el Consejo Interterritorial de Salud como "única forma de garantizar que la sanidad siga siendo pública, universal, gratuita y de calidad" y ha defendido que la aportación del usuario en función de la renta en la prestación farmacéutica es un sistema "más justo y equitativo, porque el que más tiene paga mas".

La consejera ha participado en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha calificado de "histórico", en el que se ha aprobado una reforma de "profundo calado" con medidas para garantizar la supervivencia" del sistema sanitario público que permitirán ahorrar más de 7.000 millones de euros al año, el 10 por ciento del gasto sanitario, con actuaciones en seis ámbitos: aseguramiento, política farmacéutica, cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, recursos humanos, medidas de garantía y en materia de eficacia y eficiencia .

Sáenz de Buruaga ha hecho hincapié en que se ha descartado que los ciudadanos paguen por la asistencia sanitaria, "la línea roja" que la comunidad autónoma no estaba dispuesta a sobrepasar, y se ha apostado por la eficiencia, la racionalidad y la gestión y coordinación sociosanitaria.

"El esfuerzo recae sobre la organización y gestión del sistema". "Ni hay recortes ni vamos a hacer recaer el peso de esta reforma sobre los ciudadanos", ha añadido la consejera, quien ha subrayado que el Ministerio de Sanidad ha descartado cualquier tipo de copago en la prestación sanitaria.

Al mismo tiempo,  se ha introducido un nuevo criterio de aportación en la prestación farmacéutica en función de la renta, que permitirá que, por primera vez, los parados sin prestación no paguen por los medicamentos que consumen. 

Las rentas superiores  a los 100.000 euros pagarán el 60 por ciento del precio del medicamento y los trabajadores en activo con una renta inferior a 100.000 pero superior a 18.000 euros el 50 por ciento, en lugar del 40 que pagan ahora, un porcentaje que se mantiene para las rentas inferiores a 18.000 euros anuales.

Los pensionistas abonarán un 10 por ciento del precio de los medicamentos, pero con un límite mensual de 8 euros cuando su renta no supere los 18.000 euros anuales y de 18 euros si supera esa cantidad. Quedan exentos los perceptores de una pensión no contributiva.

Un sistema más justo, solidario y equitativo

La consejera ha hecho hincapié en que este sistema es "más justo, más solidario y más equitativo", porque "paga más el que más tiene"  y porque, por primera vez, los parados no pagarán nada por los medicamentos que consumen.

"Se trata de un modelo que tiene en cuenta la renta, donde aporta más el que más tiene y menos o nada el que menos tiene; un modelo que tiene en cuenta la edad, donde aportan menos los mayores y los pensionistas y que protege a los que padecen enfermedades crónicas y más graves y a los que más lo necesitan: los parados de larga duración, sin prestación ni renta, y los mayores con ingresos reducidos", ha añadido.  

La vicepresidenta ha afirmado que esta medida no busca un efecto recaudatorio, sino "disuasorio" y trata de poner en valor el medicamento e impedir que se acumulen en los domicilios, además de su mala utilización, ya que todos los años se tiran en los puntos Sigre 3.700 toneladas de fármacos, con un coste superior a los 1.100 millones de euros.

La reforma, la única respuesta posible

La reforma, que será aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, incluye medidas en el ámbito del aseguramiento, para controlar y poner freno al abuso derivado del denominado turismo sanitario, subsanando así la negligencia del Gobierno socialista, que no traspuso de forma correcta la directiva europea sobre movilidad de los ciudadanos entre los distintos estados de la unión, lo que ha generado en torno a 1.000 millones de pérdidas por no facturar a extranjeros.

Según Sáenz de Buruaga, se trata de aplicar el principio de reciprocidad, de tratar a los extranjeros como ellos tratan a los españoles en su país.

Además, se definirá una cartera de servicios común básica de asistencia universal y gratuita, para garantizar la igualdad, equidad y cohesión;  se creará un Fondo de Garantía Asistencial para pacientes desplazados y limítrofes dentro del Fondo de Cohesión, como instrumento de compensación entre comunidades autónomas, y se avanzará en la implantación de la tarjeta sanitaria, la receta electrónica y la historia clínica digital únicas.

La vicepresidenta ha calificado la reunión de hoy de histórica, puesto que "nunca antes y nunca en menos tiempo se habían tomado decisiones más valientes, más responsables y más comprometidas con el sistema sanitario público y su sostenibilidad". Las comunidades autónomas, lideradas por la ministra de Sanidad, Ana Mato, han dado luz verde a una reforma de profundo calado que por fin universaliza la asistencia sanitaria, consagra su gratuidad y asegura la viabilidad financiera y la pervivencia del modelo durante los próximos años.

Según Sáenz de Buruaga, esta reforma es la única respuesta posible a la catástrofe generada por ocho años de gobierno socialista, responsable hoy de una deuda sanitaria a proveedores superior a los 16.000 millones de euros; de la desvertebración del sistema por inacción y falta de liderazgo del Ministerio y de 5,3 millones de parados que no generan ingresos para poder sostener el Estado de Bienestar.

Las medidas, ha añadido, persiguen fortalecer los principios de igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan; de equidad en el acceso a las prestaciones del sistema y de cohesión del Sistema Nacional de Salud y pretende garantizar su sostenibilidad, converger con Europa y promover el desarrollo profesional.

La consejera ha defendido una reforma que parte de un profundo conocimiento del sistema; da respuesta real a necesidades largamente demandadas; corrige disfunciones de las que se ha hablado eternamente sin hacer nada; que está asentada en el diálogo y el acuerdo con la mayoría de las comunidades autónomas y que es plenamente coherente con las líneas estratégicas que conforman el pacto por la sanidad comprometido por el Gobierno.

Sáenz de Buruaga ha agradecido al Ministerio de Sanidad su liderazgo, la capacidad de sumar esfuerzos y de dar a las comunidades autónomas instrumentos normativas que permitirán dejar una mejor herencia de la recibida, al tiempo que ha subrayado el compromiso de Cantabria para afrontar la parte que le toca.